SINDROME DE FATIGA CRONICA Y BAREMO DE DISCAPACIDAD


balanza Si ya es difícil, dentro del contexto actual de crisis, conseguir que una enfermedad sea declarada incapacitante y causar el derecho a la correspondiente pensión, no menos dificultad tiene conseguir que se acredite el grado de discapacidad en función del Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, de procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de minusvalía. Y la dificultad aún es mayor si la enfermedad que padecemos es “invisible”, ya sabeis, Síndrome de Fatiga Crónica, Fibromialgia o Sensibilidad Química Múltiple (SSQM)
Sin embargo, existiendo una sólida doctrina que admite que aquel conjunto de enfermedades -de sensibilización del sistema nervioso central, según muchos autores- son invalidantes desde el punto de vista profesional, y suponen el derecho a percibir la pensión correspondiente, extraña que a la hora de aplicar el Real Decreto 1971/1999, se olvide dicho carácter, y nos encontremos en demasiadas ocasiones que, beneficiarios de una incapacidad permanente en grado de absoluta, ni tan siquiera se les reconoce una discapacidad del 33%.
La explicación a lo anterior podría venir por el mal encaje de dichas enfermedades en el cuadro de patologías de aquel Real Decreto. Pero ello no puede ser obstáculo para que, si la persona padece una enfermedad de características tan graves y discapacitantes, no lo sea reconocido el porcentaje de discapacidad que le pertenece. No olvidemos que, además de injusto, es contrario al espíritu de la ley, que no busca estigmatizar a quien se le reconozca una discapacidad determinada, sino que aquel reconocimiento se convierta en una herramienta que le permite integrarse con mayor comodidad, a pesar de la discapacidad, en nuestra sociedad.
Sin embargo, en Col.lectiu Ronda pensamos que la solución a este difícil encaje está en el propio Real Decreto. En ese sentido avanza el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, y así, por ejemplo en la STSJ CAT 6689/2010 (Id Cendoj: 08019340012010104424), viene a reconocer, en un supuesto en que el actor padece Síndrome de Fatiga Crónica en grado III/IV, es decir, severo, que debe reconocerse un porcentaje de discapacidad del 65%. Y ello por los siguientes motivos:
SEGUNDO.- Como motivo jurídico de censura se invoca la “infracció de l’Annex 1 del Real Decret 1971/199, pel que es regula el procediment para el reconocimiento, declaración y calificación del grado minusvalía” al considerar (y así lo reitera en su suplico) que, con fundamental apoyo en la gravedad del Síndrome de fatiga crónica que padece, le corresponde “un grau de disminució superior al 65%…”.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 144 de la LGSS “Para ser beneficiario de la pensión de invalidez en su modalidad no contributiva deberán reunirse los siguientes requisitos: ser mayor de dieciocho y menor de sesenta y cinco años de edad a la fecha de la solicitud; residir legalmente en territorio español y haberlo hecho durante cinco años, de los cuales dos deberán ser inmediatamente anteriores a la fecha de la solicitud de la pensión; estar afecto por una minusvalía o por una enfermedad crónica en un grado igual o superior al 65% y carecer de rentas o ingresos suficientes”; añadiendo, por su parte, el primer apartado del invocado 148, que “El grado de minusvalía o de la enfermedad crónica padecida a efectos del reconocimiento de la pensión en su modalidad no contributiva, se determinará mediante la aplicación de un baremo, en el que serán objeto de valoración tanto los factores físicos, psíquicos o sensoriales del presunto minusválido, como los factores sociales complementarios, y que será aprobado por el Gobierno” (como así se produjo mediante el Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre , de procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de minusvalía).
Recuerda, por su parte, la STS de 17 de diciembre de 2004 como “el sistema correcto de cómputo de las dolencias o enfermedades crónicas a efectos del reconocimiento de la pensión en favor de minusválidos no consiste en la suma de los porcentajes de las distintas dolencias… sino en la combinación de los mismos de acuerdo con la tabla de valores combinados del Anexo I-A del RD 1971/1999 (como) así lo ordena el art. 5 del citado RD 1971/1999 : “Se combinarán los porcentajes obtenidos por deficiencias de distintos aparatos o sistemas, salvo que se especifique lo contrario”.
La calificación del “grado de minusvalía” (conforme a su artículo 4 ) responde, así, “a criterios técnicos unificados, fijados mediante los baremos descritos en el anexo I del…Real Decreto, y serán objeto de valoración tanto las discapacidades que presente la persona, como, en su caso, los factores sociales complementarios relativos, entre otros, a su entorno familiar y situación laboral, educativa y cultural, que dificulten su integración social.
El grado de minusvalía se expresará en porcentaje (y)…será independiente de las valoraciones técnicas efectuadas por otros organismos en el ejercicio de sus competencias públicas…”.
Es por ello que, “en principio, corresponde al organismo público encargado reglamentariamente efectuar la valoración debiendo por regla general aceptarse la misma y, solo en el caso de que la parte que disienta, aduzca y pruebe que las secuelas existentes tienen entidad suficiente para ser graduadas de forma superior a la realizada por el Equipo de Valoración y Orientación, puede propiciarse y admitirse la revocación de la resolución administrativa; prueba (que) debe ser exhaustiva en el sentido de adveración de la existencia de cada una de las secuelas padecidas y alegadas en la demanda, y su respectiva valoración,individualización que debe alcanzar igualmente a los elementos complementarios aplicables en el supuesto controvertido…” (STSJ de Asturias de 2 de junio de 2006).
TERCERO.- En el presente supuesto vincula la parte el mayor índice de afectación postulado (superior al 65% frente al 46% administrativamente reconocido) en un grado (III) de fatiga crónica que “no permet fer cap tipus d’activitat laboral, ni tan sols sedentaria…”.
Pues bien, desde la dimensión jurídica que ofrece el revisado relato fáctico (con singular referencia a la intensidad del síndrome litigioso, con la repercusión que le es propia y que el apreciado informe de parte concreta en una “marcada invalidesa funcional amb imposibilitat de fer cap tipus d’activitat fisica ni mental continuada”, lo que afecta “marcadament la seva qualitat de vida”) y siendo así que dicha patología no se encuentra expresamente recogida en el Real Decreto 1971/1999 debe acudirse “para su valoración al Capítulo XVI” (STSJ de Madrid de 30 de junio de 2008 ) que distingue entre la discapacidad clase III (moderada; con una afectación del 25 al 59% cuando existe una “Restricción moderada en las actividades de la vida cotidiana …y en la capacidad para desempeñar un trabajo remunerado en el mercado laboral…”) y la clase IV -60 a 74%- cuando conjuntamente concurren las siguientes condiciones: a) Grave restricción de las actividades de la vida cotidiana…;b) Grave disminución de su capacidad laboral, puesta de manifiesto por deficiencias importantes en la capacidad para mantener la concentración, continuidad y ritmo en la ejecución de las tareas y repetidos episodios de deterioro o descompensación asociados a las actividades laborales, como consecuencia del proceso en adaptarse a circunstancias estresantes. No puede mantener una actividad laboral normalizada… y c) Se constatan todos o casi todos los síntomas que exceden los criterios requeridos para el diagnóstico, o alguno de ellos son especialmente graves. (60 A 74).
En el caso que ahora se analiza debe ponerse de relieve la severidad de los síntomas que presenta la recurrente atendida la objetivada afectación tanto laboral como de las actividades de la vida diaria en los términos que resultan del Informe de parte (folio 17), que no viene sino a corroborar -junto a los que le sirven de formal sustento- el emitido por la Unidad de SFC.
Y si bien es cierto (y así o viene a recordar la STS de 28 de enero de 2010; reiterando la doctrina expresada en su pronunciamiento de 17 de diciembre de 2004 ) que “el sistema correcto de cómputo de las dolencias o enfermedades crónicas a efectos de la valoración de la discapacidad no consiste en la suma de los porcentajes de las distintas dolencias… sino en la combinación de los mismos de acuerdo con la tabla de valores combinados del Anexo I del RD 1971/1999), la referencia que se efectúa al artículo 5 del Real Decreto (conforme al cual “Se combinarán los porcentajes obtenidos por deficiencias de distintos aparatos o sistemas, salvo que se especifique lo contrario”) permite considerar que -en el supuesto de autos y desde la errónea valoración que de contrario se efectúa del SFC (que -en su doble perspectiva psico-fisica debe encuadrarse en el grado IV de afectación)- atendiendo tanto a los indiscutidos 2 puntos que, por factores sociales complementarios, se atribuyen al reclamante como a una intercurrente fibromialgia en grado III supera éste el mínimo del 65% que en su demanda postula; lo que determina la suerte favorable del recurso por él interpuesto”.
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La Comunidad de Madrid estudiará reconocer la fibromialgia como discapacidad


pain-woman-pink-shirtLa Comunidad de Madrid ha querido unirse, con motivo del Día Mundial de concienciación sobre estas patologías que se celebró el pasado mes  de mayo, a magistrados, profesionales médicos y académicos para estudiar las vías que permitan reconocer la fibromialgia y el síndrome de la fatiga crónica como una discapacidad y que, de esta forma, las personas que sufren estas enfermedades puedan recibir los tratamientos y prestaciones adecuadas.

La directora general de Servicios Sociales, Carmen Pérez Anchuela, participó en este encuentro organizado por la Asociación de Fibromialgia y Fatiga Crónica de la Comunidad de Madrid (AFINSYFACRO), con la colaboración de la Fundación ONCE, la Fundación Manantial y la Obra Social la Caixa. Además, contó con la participación y apoyo del Foro Justicia y Discapacidad, una entidad creada en el 2003 por el Consejo General del Poder Judicial que pretende garantizar la protección jurídica de las personas con discapacidad.

Magistrados, médicos, académicos y otros profesionales se unieron en un intenso debate sobre la fórmula para llenar el vacío legal que existe hoy ante el reconocimiento de esta enfermedad, con el fin de diseñar propuestas que permitan solventar esta situación y, por tanto, influir directamente en las oportunidades y calidad de vida de aquellos que las padecen. También participaron activamente 62 profesionales de los Centros Base de la Comunidad de Madrid entre directores y trabajadores sociales, médicos y psicólogos, que integran los equipos encargados de valorar los grados de discapacidad.

Difícil diagnóstico  La fibromialgia y el síndrome de la fatiga crónica afectan a 100.000 personas en la Comunidad de Madrid, según datos aportados por las asociaciones. Se trata de una estimación basada en los porcentajes de prevalencia , que la Sociedad Española de Neurología sitúa en torno al 2-3% de la población. A pesar de ello y, debido en gran parte a su difícil diagnóstico, existe un gran desconocimiento social sobre las mismas.

Para paliar este hecho y ofrecer orientación a personas que las sufren, la Consejería de Asuntos Sociales apoya a AFINSYFACRO desde 2010, financiando un servicio de orientación y atención a estos enfermos y a sus familias, que les permite reconocer su dolencia, entenderla, compartir experiencias y recibir asistencia psicológica y fisioterapéutica, entre otras posibilidades. En el año 2012, AFINSYFACRO entregó su Premio al Apoyo Institucional a la Dirección General de Servicios Sociales.

http://www.fibromialgiainfo.com

Los derechos de las personas con discapacidad se han visto gravemente afectados por los planes de austeridad europeos


 thCAV9RRG2Los derechos de las personas con discapacidad se han visto “gravemente afectados” por los planes de austeridad europeos, según las conclusiones del estudio sobre el ‘Impacto de los planes de austeridad de los Gobiernos Europeos y de España sobre los derechos de las personas con discapacidad’ presentado este martes en la sede de la Representación de la Comisión Europea en España.

El análisis recoge que, aunque las estadísticas y datos actuales que permiten la formulación e implementación de las políticas de discapacidad son aún “muy escasos”, se ha identificado una amplia gama de medidas de austeridad que han tenido un impacto “muy negativo” sobre los mecanismos de promoción y protección de las personas con discapacidad.

La directora adjunta de la Representación de la Comisión Europea en España, Sarah Lambert, ha sido la encargada de dar la bienvenida a los asistentes, a los que ha indicado que el objetivo de los gobiernos europeos “debe seguir siendo el crecimiento, el empleo y la integración social”.

Tras la presentación de Lambert, ha intervenido el vicepresidente ejecutivo de Fundación ONCE, Alberto Durán, que ha abordado la situación de las personas con discapacidad, de la que ha declarado que, a raíz de la crisis, se ha producido “un cambio que ha perjudicado a este colectivo”. Durán ha señalado como los más perjudicados por el contexto económico a las mujeres y a los jóvenes con discapacidad, de los que ha dicho que atraviesan una situación “dramática”, y ha manifestado la importancia de concienciar a la sociedad, junto con las administraciones públicas y agentes privados, para que los ajustes se hagan “con solidaridad e inteligencia, y esto no redunde en los más desfavorecidos”.

Por su parte, el presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), Luis Cayo Pérez Bueno, se ha centrado en los retos futuros de la discapacidad que, a su juicio, pasan por “mantener las cuotas de inclusión de derechos y bienestar alcanzados, hacer una toma de conciencia que favorezca la activación del colectivo y revisar las políticas de discapacidad desde la perspectiva de los derechos humanos”. Desde el punto de vista del movimiento asociativo, el presidente del CERMI ha apuntado la necesidad de hacer una “revisión del modelo” que tenga en cuenta la sostenibilidad, valorar la “convergencia asociativa” y aprovechar las oportunidades para “ganar espacios, más allá de Europa”, con vistas a una internacionalización del movimiento asociativo de la discapacidad.

IMPACTO NEGATIVO DE LOS PLANES DE AUSTERIDAD

El secretario general de la Plataforma Europea de Rehabilitación (EPR) y coordinador del estudio en BPI Group, Jans Spooren, ha sido el encargado de presentar los datos más relevantes el estudio, que identifica impactos negativos significativos con relación a un número determinado de artículos de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y a los objetivos de la Estrategia Europea de Discapacidad.

De este modo, el análisis de los datos procedentes de las estadísticas de la Unión Europea, muestra que las tasas de desempleo y riesgo de pobreza de las personas con discapacidad “aumentaron desproporcionadamente” desde el inicio de la crisis. Los servicios sociales también se han visto “gravemente afectados” por las medidas de austeridad, y los beneficios de la Seguridad Social vinculados a la discapacidad han sido “recortados gradualmente”. Asimismo, la información revisada en el estudio confirma que las personas con discapacidad están experimentando “cada vez más desigualdades” en cuanto al acceso a los servicios sociales y sanitarios y señala que el sector de la educación ha sido “particularmente afectado” por las medidas de austeridad, sobre todo en esos países que están experimentando las crisis económicas más severas.

Tras la presentación de los datos, el director general de la Dirección General de Personas con Discapacidad del Servicio Público Federal Belga de Seguridad Social, Andre Gubbels, ha hablado de la eficiencia de los sistemas de presentaciones de la discapacidad en su país. Para Gubbels, el actual sistema de protección social “no tiene éxito suficiente para cubrir los costes adicionales de las personas con discapacidad y sus familias”.

Por último, el consejero del CES Europeo en representación de la Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES) y co-chair del Consorcio Europeo de Fundaciones, Miguel Ángel Cabra de Luna, ha sido el encargado de clausurar el acto. El también director de Relaciones Sociales e Internacionales y Planes Estratégicos de Fundación ONCE ha destacado los “efectos devastadores” de la crisis en las estructuras económicas, políticas y sociales de los países y ha manifestado que las personas con discapacidad “no deberían asumir los costes de la situación actual”. Para Cabra de Luna, “no es momento de retroceder más” en el ámbito de la discapacidad, por lo que “es necesario buscar soluciones creativas que nos permitan continuar el camino que empezamos hace unos años para alcanzar la plena inclusión de las personas con discapacidad y sus familias”, ha concluido.

(si deseas ver el estudio:

http://www.fundaciononce.es/SiteCollectionDocuments/Estudio%20Impacto%20Medidas%20Austeridad%20Personas%20con%20Discapacidad_Mayo%202013.pdf)

http://www.fundaciononce.es